La Hueca

La Capacidad y la Conciencia, aliados contra el Poder - Prohibición de la Propiedad estatal, clave del civilismo - La orgía estatal con el voto y las billeteras de los ciudadanos III. El caos político, jurídico, social y económico en que vivimos requeriría la implementación de un sistema político de Participación, Competencia, Conciencia y Debate en lugar del sistema político vigente de Monopolio, Imposición, Poder y Conflicto.

Un sistema que se base en los principios de convivencia, las capacidades adquiridas, los intereses particulares y comunes constructivos y las necesidades de todos los sectores de las fuerzas sociales organizadas que generan beneficios de interés general.

Para ello es necesario la aplicación de la democracia directa, participativa, de diálogo, consenso y elección funcional bajo los principios de la libertad solidaria y del antimonopolio político y económico. Como medidas urgentes ante la situación de desgobierno y desconcierto general ensombrecida por una Asamblea ilegítima y desacreditada que proyecta una repetición de Constitución incongruente y opresora, adornada de subjetividades inútiles producto del oportunismo, sería necesaria la instauración de una Asamblea Civil Nacional, que no sea producto de la histeria de las masas votantes ni la manipulación de minorías políticas, sino que esté integrada por lo que verdaderamente es el país, por delegados elegidos de todos los sectores sociales nacionales legales y organizados, mediante la puesta en práctica de acciones concretas y ordenadas verdaderamente reformistas para poner en regla el orden jurídico, sin perjudicar lo que es justo y contra los privilegios que siempre son ilegítimos, sin sangre ni fogosas arengas de paranoia, que deben ser llevadas adelante por todos los ciudadanos trabajadores de cualquier clase social, entre las cuales de destacan:

1. La creación de la Asamblea Civil Nacional calificada, como órgano único de gobierno, compuesta con delegados de cada provincia elegidos por los miembros activos de cada una de las asociaciones organizadas y legales de los sectores sociales (económicos, sociales, culturales y políticos) que cumplan obligaciones sociales y aporten beneficios contundentes a la Sociedad Civil en cualquiera de sus formas. Esto no es más que la aplicación del concepto riguroso de democracia, por definición, una forma de organización del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y ésto no puede tratarse de nada diferente a la ciudadanía organizada, que porta principios, capacidades e intereses individuales y comunes, y no como lo es la masa o tumulto que es caótica, manipulable y autodestuctiva, complemento perfecto para los gobiernos del sistema político de Poder opresivo vigente.

2. La prohibición de la propiedad de los bienes públicos por parte del Estado, al constituir esa indebida propiedad estatal o fideicomiso mal habido la causa principal de la corrupción típica de un Estado pirata de asalto y manipulación concertada por las oligarquías y, ahora, por los oportunismos de izquierda o derecha;

3. El reparto igualitario de los beneficios de los bienes y recursos naturales públicos a sus únicos propietario legítimos, que son todos y cada uno de los ecuatorianos en toda sus edades, quienes no deben mantenerse con derechos gratuitamente conculcados para favorecer privilegios y negociados estatales y quienes deben percibir anualmente los respectivos beneficios públicos en forma debida en su cuenta de contribuyentes, conforme lo decida por consenso la Sociedad Civil, muchos de los cuales se encuentran actualmente depositados en varios “fondos” de dudoso uso en poder ilegítimo del “Estado” para el uso indiscriminado y ya anunciado del gobierno de turno;

4. El cambio del sistema electoral de comicios generales del sistema de Poder político por comicios funcionales y sectoriales propios de una democracia cualitativa, para eliminar todo aquello que sólo sirve para ¨legitimar” la falsa “democracia de Estado”, de manipulación de multitudes, y de ese modo otorgar poder monopólico a la oligarquía política partidista; y, para evitar ese acto vergonzoso mediante el cual se conmina a la ciudadanía al voto obligatorio que significa la firma de un contrato con amenaza coactiva por el cual el ciudadano debe entregar su-todo soberano a cambio de simples promesas y cualquier decisión discriminada del “elegido” sobre cualquier tema, sin ninguna garantía fehaciente.

Todo lo cual no sólo significa una barbaridad jurídica y en la práctica “un darlo todo a cambio de nada”, sino además implica la obligación opresiva de obediencia civil sobre los pocos aciertos y múltiples errores y contubernios del “elegido y su grupo”. Todo ésto es absolutamente ilegítimo, ilegal y nulo como materia contractual y más parecido a un acto delicuencial de timo; además de retrógrado, impráctico, denigrante, canallesco y, por su carácter público, una práctica de lesa humanidad que da prueba del afán manipulador de la clase política que propugna la trampa del voto general y con todo su cinismo exigen la reverencia a su “autoridad” por su temor a la libre expresión.

5. El cambio de la ilegítima ficción jurídica de la soberanía absoluta del Estado de Poder por la correcta jurisdicción funcional administrativa de los servicios públicos, que debe operar por medio de entidades estatales o contrataciones públicas con instituciones privadas idóneas sin fines de lucro, así como la administración de bienes y recursos naturales públicos por contratación con empresas privadas profesionales para lograr eficiencia y mayores rendimientos en beneficio de cada uno de los ciudadanos; Las acciones anotadas permitirían: cortar de raiz la causa económica de la corrupción nacional; eliminar de hecho la pobreza obligada por el sistema depredador de recursos, radicada en su mayoría en mujeres, niños y ancianos, tanto del campo como de las ciudades; disminuir la delincuencia civil y política, incluido toda forma de terrorismo y criminalidad; disminuir drásticamente la enorme burocracia obesa y recuperar para el bien general éstos importantes recursos humanos improductivos; evitar que nuestros compatriotas se vean obligados a huir del país e incentivar su retorno a una mejor patria; constituir grandes incentivos de desarrollo, solidaridad y seguridad nacional; y, lo más importante, lograr el necesario equilibrio de fuerzas sociales, clave inicial para neutralizar el Poder político y económico contra las capacidades culturales y debilidades sociales, requisito fundamental para impulsar cualquier país hacia el desarrollo general y cumplir con la justicia social. Si se distrae el logro de éstos objetivos se está destruyendo el país y seguiremos arando en el mar.

Más reflexiones en la próxima entrega o www.mov-sol.com.

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Raulmanla.
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